Se estudian, desde el punto de vista del derecho administrativo, 100 resoluciones judiciales dictadas contra la Administración Pública por incumplimiento de la normativa urbanística y medioambiental. En unos casos se tratan de meras omisiones o errores en la interpretación de las normas, pero en otros muchos supuestos son situaciones de corrupción urbanística en la que la Administración Local no ha estado a la altura de las circunstancias ante este tsunami urbanizador que ha atravesado España en los últimos años.